28/10/2020
La estrategia presentada por Vivienda y Transición Ecológica muestra la necesidad de impulsar la rehabilitación urgente en 7.000 casas
Audio de María Jesús Garrido
Los concejales de Vivienda y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Castelló, María Jesús Garrido y Fernando Navarro, han presentado este miércoles el diagnóstico del Plan Estratégico de Vivienda, una hoja de ruta que tiene el objetivo de movilizar las viviendas vacías de grandes propietarios, regular el precio del alquiler, ampliar el parque público para cubrir la demanda social existente e impulsar la rehabilitación como motor económico.
La concejala de Vivienda, María Jesús Garrido, ha explicado que el trabajo dado a conocer es un primer avance de un Plan Estratégico que ha elaborado la cooperativa Espacio Común y que se espera que esté finalizado en diciembre. Contempla una minuciosa radiografía del parque residencial de la ciudad, tanto en oferta de vivienda como demanda, con datos recabados del Instituto Cartográfico Valenciano, Catastro, Padrón Municipal, Censos de Población de Viviendas, índice de precios del alquiler, y cifras de los departamentos de Urbanismo, Bienestar Social y Vivienda y de la concesionaria del agua. Ha informado que, según el estudio, Castelló cuenta con 87.581 viviendas familiares, de las que 11.999 en alquiler (15 % del total). Además, hay 13.000 deshabitadas (16 %), 4.300 son de grandes propietarios y 696 son viviendas públicas. De las 4.300 de grandes propietarios, 1.500 son de fondos buitre.
Ha señalado que hay una necesidad de 4.260 viviendas sociales y ha lamentado que el porcentaje de casas desocupadas supera al de alquiler. Por ello, ha resaltado que el reto de la Concejalía es garantizar la cobertura de 3.500 viviendas sociales en los próximos 4 años. “En Castelló hay 13.000 viviendas en desuso y cerradas que son utilizadas por los fondos buitre para especular con el precio del alquiler”, ha aseverado.
Al respecto, ha mencionado las acciones que plantean desde el Ayuntamiento y en colaboración con otras Administraciones para ampliar la cobertura de vivienda asequible. Así ha indicado un incremento de un 50% del IBI a las casas de grandes propietarios (con más de 10 posesiones) que lleven un año en desuso de acuerdo con la Ley de Función Social de la Vivienda de la Generalitat; la regularización del precio del alquiler en zonas tensionadas como el Raval Universitari en base a la próxima ley estatal de vivienda, que permitirá a los ayuntamientos controlar precios del alquiler con zonas muy afectadas por la especulación y que se espera para dentro de cuatro meses. La Concejalía también prevé incrementar el parque público de vivienda con el plan de compra municipal que ahora está en trámite o el decreto de tanteo retracto. Garrido ha subrayado también que se activará una nueva bolsa de alquiler social con incentivos de 1.500 euros para los propietarios que cedan un piso (más 3.500 para sufragar desperfectos).
Por su parte, el concejal de Transición Ecológica, Fernando Navarro, ha resaltado que el Plan Estratégico de Vivienda entronca en la Estrategia de Regeneración Urbana presentada en abril y evidencia la necesidad de la rehabilitación para mejorar las condiciones del parque inmobiliario por su antigüedad e incidir en la lucha contra el cambio climático desde la eficiencia energética. Ha afirmado que, según el trabajo, la media de las viviendas de la ciudad son de 1971, siendo la del centro de 1950, y que 7.000 viviendas requieren una rehabilitación urgente. De estas, 1.000 se encuentran en estado ruinoso, ha añadido.
Navarro ha informado que el Plan Estratégico plantea una inversión anual (entre Administraciones e iniciativa privada) de 7 millones en 675 rehabilitaciones hasta alcanzar las 7.000 necesarias en 10 años. La inversión en una década ascendería a los 80 millones. En estos momentos está en marcha el ARRU en el barrio de la Guinea, que reformará 120 viviendas municipales con un coste de 1,6 millones.
El concejal ha afirmado que se trata de un programa ambicioso pero recuerda que el nuevo Plan General y la nueva situación socioeconómica y los fondos de reconstrucción de la UE sitúan a la “transición urbana y ecológica” como palancas de la reconstrucción económica. Ha aseverado que se dan las condiciones y que existen las herramientas legales para impulsarla, como la posibilidad de crear un registro de rehabilitación y edificación o la puesta en marcha de la figura de agente rehabilitador, por la que el Ayuntamiento podría impulsar una rehabilitación en un edificio y cargar la inversión con cuotas de urbanización.
