18/12/2020
El recargo afectará a pisos de grandes propietarios que lleven al menos un año sin ocupar
Las Concejalías de Transición Ecológica y Vivienda del Ayuntamiento de Castelló recabará información a la empresa concesionaria de la gestión integral del agua de la ciudad de los consumos anómalos de agua potable para saber cuáles son las viviendas vacías de grandes propietarios que deberán pagar un 50 % más del Ibi, según recogen las ordenanzas municipales de 2021.
"Hemos aprobado una ordenanza fiscal que contempla un recargo de un 50% del IBI en viviendas vacías de grandes propietarios (con más de 10 posesiones) que llevan al menos un año sin ocupar para frenar las prácticas especulativas. Uno de los mecanismos más fiables que tenemos junto al padrón municipal para saber cuáles son las viviendas deshabitadas es a través de los consumos mínimos de agua. Esta semana hemos mantenido una reunión con representantes de la empresa *Facsa en la que hemos abordado como recibir esta información", explica el regidor de Transición Ecológica, Fernando Navarro.
Desde las Concejalías de Vivienda y Transición Ecológica se ha trasladado a Facsa el propósito de solicitar periódicamente la información de consumos anómalos en viviendas, con el objetivo de ir teniendo un registro periódico del estado del parque inmobiliario vacío de grandes propietarios y aplicar así la política de sanciones correspondientes. Servicios técnicos de la empresa y del Ayuntamiento, junto a los departamentos jurídicos respectivos, trabajarán en esta línea para el año próximo. El padrón y los consumos anómalos del agua potable se la metodología que recogida para recoger l´información de viviendas vacías el decreto ley de vivienda y alquiler del Gobierno y la Ley de Función Social de la Vivienda de la Generalitat que posibilitan en los ayuntamientos el recargo de un 50% del IBI en viviendas de grandes tenedores.
"Tenemos según el Plan Estratégico de Vivienda 13.000 viviendas vacías mientras hay una necesidad de 4.260 viviendas sociales. No podemos consentir las prácticas especulativas que practican fondos buitre y sociedades de inversión reteniendo pisos para incrementar el precio del alquiler a costa del derecho constitucional de la vivienda", añade la regidora de Vivienda, María Jesús Garrido.
