18/04/2017
El concejal José Luis López afirma que las ayudas acercan al 40% el nivel de ejecución del presupuesto, siendo la pobreza energética la demanda que más se incrementa.
La Concejalía de Bienestar Social ha intensificado las prestaciones concedidas en materia de emergencia social situando casi en 900.00 euros la cuantía de las prestaciones concedidas durante el primer trimestre de 2017, lo que acerca al 40% el nivel de ejecución del presupuesto contemplado para este año.
El número de ayudas asignadas ha pasado de 1.724 a 2.366 atendiendo a la comparativa de prestaciones otorgadas durante el primer trimestre de los años 2015, 2016 y 2017, mientras que el valor económico de las mismas ha pasado de los 570.000 a los 868.000 euros en el mismo periodo de tiempo.
El concejal delegado del área, José Luis López, explica que "las razones de este crecimiento van ligadas a un empobrecimiento general de la población, es decir, cada vez hay más trabajadores pobres que con los sueldos que se están cobrando no llegan a poder cubrir algunas de las necesidades más básicas".
Hablamos de alimentación e higiene, comedor escolar para los hijos, alquiler de vivienda y un crecimiento notable en el pago de deudas de suministro de agua, gas y electricidad, lo que ha venido a denominarse pobreza energética. Precisamente esta última, la pobreza energética, aglutina las prestaciones que más crecen desde Servicios Sociales, unas ayudas que todavía no se abordaba en 2015 y que ha ido avanzando a gran velocidad a partir de su implantación en 2016.
López ha indicado que "es ese año cuando empezamos a cubrir deudas por impagos en suministros de luz, agua y gas, e incluso hemos asumido la adaptación de instalaciones para dar cobertura a familias sin abastecimiento cuando los ingresos por unidad familiar no permiten hacer frente a necesidades de carácter básico y urgente".
Pero, qué requisitos han de cumplirse para que una familia empadronada pueda ser receptora de estas prestaciones destinadas a cubrir necesidades de carácter básico y urgente. Hay un perfil común que es tener unos ingresos por persona inferiores a 532 euros brutos al mes. Por debajo de ahí cualquier castellonense puede tener el amparo de la administración local.
