18/02/2021
Vivienda centró los esfuerzos el pasado año en atender emergencias habitacionales, en asesorar en el trámite de ayudas y en acompañar en procesos de moratorias
La Oficina Municipal de Vivienda del Ayuntamiento de Castelló hizo un esfuerzo el pasado año para atender las consultas y peticiones de ayuda ante los problemas de vivienda causados por la crisis por la pandemia. Realizó 1.046 atenciones relacionadas con gestiones de asesoramiento en cuanto a las ayudas en vivienda, moratorias en el alquiler y prórrogas de desahucios En este último caso se frenaron temporalmente 245 de 272 notificaciones de desalojos de acuerdo con el Protocolo Municipal de Vivienda.
«En 2020 vivimos un año complicado por la pandemia. Desde la Oficina Municipal de Vivienda centramos por ello los esfuerzos técnicos, administrativos y políticos en atender emergencias habitacionales, en ayudar en la tramitación de ayudas al alquiler, acompañar en procesos de moratoria de alquileres o prorrogar desahucios en consonancia con el Protocolo Municipal y con el decreto de medidas urgentes del Gobierno central», explica la concejala de Vivienda, María Jesús Garrido.
De las 1.046 gestiones de la Oficina de Vivienda, 291 correspondieron al servicio de mediación conveniado con el Colegio de Abogados en el asesoramiento de ayudas al alquiler o moratorias del alquiler, 331 fueron solicitudes de información y asesoramiento, 40 fueron propuestas de actuaciones en las viviendas municipales, y 137 peticiones de vivienda asequible. La Concejalía también colaboró en facilitar la tramitación de ayudas al alquiler de la Generalitat Valenciana, que dieron cobertura a 260 jóvenes y 914 familias.
Por su parte, la Oficina acompañó en el aplazamiento provisional de 245 notificaciones de lanzamientos de desahucio por parte de los juzgados. Se suspendieron temporalmente tras constatar el área de Servicios Sociales que corresponden a personas en situación de vulnerabilidad. El Protocolo de Vivienda firmado entre el Ayuntamiento y la Audiencia Provincial contempla una paralización de un mes del desahucio en caso de propietarios particulares y de tres meses en entidades jurídicas. En este tiempo, el Ayuntamiento estudia alternativas habitacionales o asesora en cuanto a las ayudas existentes en el pago del alquiler.
