28/01/2018
La alcaldesa afirma que la corrupción ha causado un enorme perjuicio reputacional y económico a Castellón y la Comunitat.
La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, afirma que "con el dinero saqueado a las instituciones por los sinvergüenzas y las tramas corruptas que han operado en la Comunitat Valenciana en los últimos años, Castellón tendría los colegios y los centros de salud que necesita, contaríamos con mejores comunicaciones, se hubiera ayudado a las empresas y a los autónomos a crear empleo y las personas que precisan ayuda de las administraciones públicas para sacar adelante a sus familias tendrían una vida menos dura", afirma.
La alcaldesa de Castellón realiza estas declaraciones a propósito de la intención de los grupos políticos municipales de reclamar un pleno municipal para debatir sobre la corrupción. "El pleno del Ayuntamiento es un espacio para la reflexión y el debate, pero la principal responsabilidad está en la mano de los gobiernos y los parlamentos que pueden aprobar leyes y disposiciones para luchar contra esta lacra y que los corruptos no queden impunes", añade.
Marco considera que "los casos de corrupción nos permiten comprobar los efectos que tiene en la sociedad la perversión de la peor política y cómo la irresponsabilidad de unos pocos puede afectar de forma negativa a los intereses sociales y económicos de un territorio". Y pone como ejemplo la rama valenciana del "caso Gürtel", cuyos dirigentes se sientan ahora en el banquillo, y que pone de manifiesto que "la corrupción ha arruinado la imagen pública de la Comunitat Valenciana y ha causado daños que aún son incalculables".
"La corrupción ocasiona un enorme perjuicio a la sociedad, tanto en la reputación de una comunidad o una ciudad, como por el impacto económico que causa. Son miles de millones que salen de la Administración para ir a parar al bolsillo de unos pocos", destaca. Algunos estudios estiman que el coste de los casos de corrupción en la Comunitat Valenciana supone hasta un 4% del Producto Interior Bruto. Es decir, entre 3.800 y 4.000 millones de euros.
"Ahora que se acaba de poner en servicio el AVE Castellón-Madrid, podemos pensar que con los fondos saqueados de las instituciones se hubiera podido construir una plataforma propia para los trenes de alta velocidad y para dignificar el servicio de Cercanías con Valencia y con el Maestrat", afirma. "Lo peor de todo es pensar que el dinero robado no volverá a las arcas públicas y ha sido aprovechado para favorecer electoralmente a determinados partidos".
