16/05/2017
La alcaldesa de Castellón destaca los esfuerzos del Gobierno municipal por garantizar una mejor seguridad ciudadana.
La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, ha presidido hoy la Comisión de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias. La reunión ha debatido diversos asuntos de interés para los ayuntamientos, entre ellos la ordenanza sobre las cabalgatas seguras, en la que incluyen las disposiciones para minimizar los riesgos en espectáculos, actividades recreativas y actos públicos con asistencia masiva de personas, en los que también participen vehículos a motor, remolques o semirremolques.
La reunión también ha abordado el problema de los alquileres de viviendas de uso turístico. Un grupo de trabajo de la FEMP está analizando la situación, entre otras cosas el alojamiento ilegal, las legislaciones aplicables, las inspecciones de las viviendas y la necesidad de contar con un censo de viviendas dedicadas al alquiler de uso turístico.
"Los ayuntamientos españoles queremos la mayor seguridad para nuestros municipios y estamos trabajando para garantizar un mayor bienestar para la ciudadanía. Los asuntos que está promoviendo la FEMP van en esa línea", afirma la alcaldesa. "El Gobierno municipal de Castellón ya ha impulsado acciones en materia de seguridad sobre la seguridad en las cabalgatas y también está potenciando la formación de la Policía Local en la atención a la diversidad social y los colectivos vulnerables", añade.
En el transcurso de la comisión, también se ha comentado la propuesta de la alcaldesa de Castellón de impulsar un programa para que las policías locales se formen de cara a mejorar la atención de colectivos vulnerables y para hacer frente a los delitos de odio. El objetivo es realizar sesiones entre agentes y mandos de las policías locales para que actualicen los conocimientos para luchar contra los tratos discriminatorios que se detectan a diario como consecuencia de la diversidad social existente en las ciudades españolas.
Otro de los puntos debatidos ha sido la demanda de los ayuntamientos españoles para pedir al gobierno que flexibilice la contratación de personal y se puedan reforzar las plantillas de la Policía Local. Los ayuntamientos no pueden impulsar procesos selectivos para contratar más agentes si no tienen el visto bueno del Gobierno, a través de la Ley de Presupuestos del Estado.
